Se prorroga el secreto de la trama Púnica para evitar la destrucción de pruebas

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha prorrogado hasta el próximo 7 de enero el secreto de la pieza separada en la que investiga la trama internacional de la red de corrupción Púnica, liderada por el ex secretario general del Partido Popular de Madrid Francisco Granados, al considerar que se trata de una medida "esencial" para asegurar la eficacia de la investigación. 

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado atiende la petición de Anticorrupción que consideraba "necesario" prolongar el secreto de las actuaciones incoadas con la documentación aportada en varios idiomas por la Fiscalía Federal Suiza y que está siendo traducida.

Velasco califica de "esencial" mantener el secreto de esta pieza separada del caso 'Púnica', la cual recoge hechos que han sido calificados por las autoridades helvéticas como delitos de "blanqueo grave" y han "obligado" a su juzgado a "abrir nuevas vías de investigación que en este momento necesitan la protección del secreto para apoyar la acción de la Justicia en la persecución de los hechos denunciados, sin perjuicio de permitir el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción en cuanto se alce tal medida".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga las presuntas operaciones de lavado de dinero en Singapur y de compra de obras de arte en Suiza en las que habría participado el constructor y socio de Granados, David Marjaliza, para blanquear fondos.

Velasco ordenó a principios de mayo bloquear y embargar un total de 11 millones de euros que Marjaliza guardaba en cuentas bancarias de Suiza y Singapur. Los investigadores sospechan que estos fondos, de los que siete millones se encontraban en Suiza y otros cuatro en Singapur, provendrían del cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos en 46 municipios de la Comunidad de Madrid.

El dinero de Suiza fue reconocido por la defensa de Marjaliza en un recurso de apelación presentado por su defensa en noviembre pasado. El escrito, al que tuvo acceso Europa Press, señalaba que el constructor debía pagar 7,3 millones de euros para regularizar estos fondos, a los que habría que añadir un recargo por presentación extemporánea de 1,4 millones y unos intereses de demora de 2 millones más.

En febrero de 2014 el empresario realizó el primer pago, por importe de 2,4 millones de euros, "la máxima cantidad de dinero de la que se disponía en España", como recordaba su recurso.

El juez Velasco troceó la causa el pasado 16 de septiembre en 12 procedimientos separados, a fin de lograr "una tramitación más rápida y ordenada" y permitir "el enjuiciamiento sin dilaciones" de las piezas en las que se haya finalizado la instrucción.

El magistrado, que mantiene imputados en el 'caso Púnica' a un centenar de personas, entre ellas cuatro exconsejeros de la Comunidad de Madrid y una decena de alcaldes, justificó la desmembración del procedimiento argumentando que el sumario tiene más de 65 tomos y 50.000 folios, lo que resulta "inmanejable", y que muchas de las actividades investigadas no están "relacionadas entre sí".

UN CENTENAR DE IMPUTADOS 

La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.

Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, además de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; la exconsejera de Educación Lucía Figar; el exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.

En relación con la Región de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz; la ex directora general de Turismo Mariola Martínez Robles; al ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura; a la ex directora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.

El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el ex interventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrileños.